· Se pone en riesgo 2.4 billones de pesos, quedaría bajo manejo discrecional
· 3 de cada 4 mexicanos no encuentra vivienda a su alcance.
Senadoras del Partido Revolucionario institucional advirtió que la reforma a la Ley de Vivienda pone en riesgo el patrimonio de millones de trabajadores, ya que permite el control de sus ahorros sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas…”el problema central no es construir más casa, sino quien controla el dinero para hacerlo, rompe con el modelo que durante años dio equilibrio al Infonavit” declaró la Senadora Karla Toledo.
Señaló que el dictamen no garantiza vivienda adecuada y abre puerta al uso indebido de recursos laborales.
La legisladora campechana externó que bajo el esquema del actual Gobierno Federal, se abandona el esquema tripartita donde participaban gobierno, trabajadores y empresarios, para concentrar las decisiones en el Ejecutivo y que eso significa: menos controles y más discrecionalidad. A partir de esta reforma, el gobierno deja de ser el facilitador de créditos para vivienda y se convierte en constructor, desarrollador y vendedor.
Toledo Zamora expuso que el dinero de las subcuentas de vivienda, que pertenece a las y los trabajadores, lo tomará el gobierno a discreción, en donde se está hablando de un fondo cercano a los 2.4 billones de pesos que hoy se pone en riesgo. La preocupación es por el contexto donde los contrapesos han sido debilitados, como el caso de la desaparición del INAI, donde se deja un vacío evidente en materia de fiscalización.
“¡Ya sabemos que pasa con Morena, cuando no hay contrapesos!… pasan casos como el Huachicol fiscal, que ahora quieren convertir en el Huachicol de Vivienda, orquestado por Octavio Romero ahora desde el e Infonavit… ¡Ya basta que Morena juegue con el dinero de los trabajadores de México!” manifestó Toledo Zamora.
Así también dijo que la reforma evade los problemas reales del sector, donde no se aborda el costo del suelo, que puede representar hasta el 60 % del valor de una vivienda, no se plantea soluciones para el abandono habitacional, donde existen entre 600 mil y un millón de casas desocupadas en el país; ni establece reglas claras para la participación de intermediarios, ni garantiza procesos de licitación transparentes.
Finalmente la bancada del PRI votó en contra del dictamen, al considerar que vulnera el ahorro de los trabajadores y no garantiza acceso equitativo a la vivienda.
